La alimentación es una condición esencial para la vida y por tanto constituye un derecho inalienable de todos los pueblos expresado en el derecho humano a la alimentación, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y por muchas otras declaraciones internacionales. Las personas hambrientas, desnutridas o con deficiencias nutricionales son más vulnerables a las enfermedades. Esta situación es especialmente grave en los niños porque el daño físico e intelectual que provoca la desnutrición crónica es irreversible a partir de los 2 años de edad. Por lo tanto, es fundamental asegurar una alimentación y nutrición adecuadas (desde el nacimiento hasta la edad adulta), así como condiciones adecuadas de salud, higiene, agua y saneamiento para lograr la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
De esta manera, la intervención pretende incrementar la producción y productividad de la agricultura y promover la diversificación de cultivos alimentarios adaptados al cambio climático como factor fundamental para garantizar una oferta suficiente de alimentos en el mercado interno. Los pequeños productores, en particular las mujeres rurales, juegan un papel central en el impulso de la agricultura y como base de la economía local para lograr la SAN. De igual modo, asegurar el acceso adecuado al agua y las condiciones de saneamiento es fundamental para garantizar la SAN porque reduce el riesgo de enfermedades, mejora las condiciones de vida de las familias y aumenta las oportunidades de desarrollo económico. Todo ello sin dejar de combatir la situación de injusticia permanente en que se encuentran las mujeres y niñas en la sociedad, grupo de población especialmente vulnerable.
Este proyecto está financiado por la Diputación de Córdoba y ejecutado por el socio local Asociación para el Desarrollo de las Comunidades Rurales (ADCR).
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