No, no viven en chabolas "porque están acostumbrados"

"Viven así para ahorrar y mandar el dinero a sus familias";"Viven así porque están acostumbrados desde sus países de origen". :Estas son algunas de las explicaciones que no solo ciudadanos de a pie expresan, si no que, incluso, podemos ver en discursos de determinados dirigentes, medios de :comunicación y empresariado. Hoy mismo, en la revista digital MERCADOS se relata que el responsable de Relaciones Laborales de COAG señala que una parte de los residentes en asentamientos lo hacen por "ahorrar", y al respecto el periódico indica que muchos de ellos llegan a enviar hasta el 75% de su sueldo a sus países de origen, como si ello reafirmase la lógica del residir en asentamientos por un objetivo de ahorro económico. Análisis simple y propio de quien no conoce la realidad de los asentamientos, de las personas que en ellos residen y de las dificultades que tienen para acceder a un alojamiento. Vivir en una chabola sin acceso a luz, ni agua corriente, ni saneamiento, ni nada que nos acerque a una residencia digna. Vivir en estas condiciones a pesar de tener dinero para pagar un alquiler. Vivir en estas condiciones a pesar de estar trabajando. Se trata de una realidad difícil de comprender si no se tienen en cuenta cinco elementos claves:

El primero es la carencia de un parque de viviendas de alquiler para las personas que deciden establecer su residencia habitual en los pueblos agrícolas, algunos de ellos, como es el caso de Lepe, con la dificultad extra de ser un pueblo también turístico, lo que provoca que determinadas viviendas se reserven de manera exclusiva a la temporada de verano ya que alquilarlas solo durante los meses de junio, julio y agosto resulta más rentable que alquilarla todo el año.

El segundo sería la carencia de alternativas de alojamiento temporal suficientes para atender toda la mano de obra de temporada que demandan las distintas campañas agrícolas. En la provincia de Huelva no existe ni un solo albergue para trabajadores temporeros. Por otro lado, las empresas solo están obligadas a ofrecer alojamientos a las personas contratadas en origen, es decir, aquellas contratadas a través de convenios con terceros países, pero no contempla dicha obligación para las contrataciones de trabajadores que se desplazan de otras provincias o comunidades autónomas, o de quienes se desplazan desde fuera de nuestras fronteras y a las que los empresarios también demandan como trabajadores.

El tercero sería la xenofobia, e incluso los estereotipos de género que imperan en nuestra sociedad. Las personas extranjeras, especialmente las personas originarias de África, tienen una dificultad extra para acceder a una vivienda ya que muchos propietarios se sienten más seguros alquilando su vivienda a un autóctono o al menos a un occidental. Por otro lado, los estereotipos de género que otorgan a la mujer una serie de cualidades especiales para la limpieza y el cuidado del hogar, da lugar a que los propietarios también prefieran alquilar sus viviendas a familias o agrupaciones dónde esté presente la figura femenina. En este sentido, un grupo de cinco hombres senegaleses no tienen ninguna oportunidad para competir con otros aspirantes en el alquiler de una vivienda.

El cuarto sería la falta de regularización del alquiler y el libre mercado que abusa de la necesidad de las personas por tener un techo debajo del cual poder dormir. En municipios pequeños y de personas humildes encontramos que el alquiler de una cama en habitación compartida llega a costar 150 euros. En pisos dónde llegan a residir unas 8 personas. Esto significa que un piso que en condiciones normales no se alquilaría por​ más de 400€ (lo que correspondería a 50€ por persona) termina alquilándose por 1200 euros o incluso más. Muchas, demasiadas personas, viven en estas condiciones. Encontramos incluso personas que pagan un alquiler de 50 € por vivir en un piso sin agua corriente.

El quinto elemento sería la situación de irregularidad administrativa de una parte importante de los trabajadores agrícolas, especialmente de los que desarrollan las labores más precarias. Hay determinadas condiciones laborales que solo una persona sin permiso de residencia y trabajo, y que se ve obligada por ley a la economía sumergida, está dispuesta a soportar. Contextualizadas en un país donde una ley estatal les obliga a la clandestinidad durante un mínimo de tres años, estas personas necesitan sobrevivir desarrollando las labores que nadie quiere y siempre desde la invisibilidad con el eterno miedo a la deportación. Sin documentación para poder trabajar con pleno derecho, y sin documentación para poder arrendar (generalmente como ya sabemos, para alquilar debes aportar no sólo tu documentación -NIE- si no que además los propietarios, para asegurar que el nuevo inquilino pagará cada mes, exigirá la entrega de un contrato de trabajo, vida laboral y/o nóminas, algo de lo que, lógicamente, las personas en situación irregular carecen).

Teniendo en cuenta estos cinco puntos esenciales, parece claro que hay personas que sufren una exclusión residencial cuya severidad es tal que su única opción es residir en un asentamiento chabolista, a pesar del sufrimiento que ello supone, a pesar de ser personas que sí podrían estar en un lugar mejor. En su país de origen, antes de la mano corrupta del colonialismo, del capitalismo, de la globalización, era un lugar mejor donde vivir, y en la mayoría de los casos lo sigue siendo. No son personas que han aparecido de la nada para vivir en una chabola y trabajar en las campañas. Ellas también han tenido que asumir un coste de oportunidad para venir aquí. Han abandonado su hogar, su familia, sus amigos, sus negocios y todo aquello que conocían, han abandonado su estado de confort para enfrentarse al miedo de lo desconocido, para enfrentarse a la muerte que supone el mar y el desierto, para enfrentarse al racismo y al desprecio, para enfrentarse a la explotación y la indiferencia de quienes no te ven, de quienes no ven una persona con sueños y proyectos, de quienes solo ven un potencial trabajador o tan solo un intruso en un estado de bienestar cuidadosamente construido y frágil que en realidad sólo funciona con la explotación de una parte siempre ignorada de la sociedad. De un sistema que solo funciona cuando la parte más humillada del sector productivo solo es visible en su jornada laboral pero que desaparece como humo el resto del tiempo.

Es tan equivocada la afirmación del "viven así porque quieren" que las personas a pesar de la precariedad de sus condiciones de vida, a pesar de la facilidad de caer en un estado depresivo y de rendirse, a pesar de los obstáculos que la vida les ha puesto​ en su camino, a pesar de todo ello deciden organizarse y luchar por sus derechos como seres humanos, como ciudadanos de un país al que aportan activamente como mano de obra y como consumidores y que a pesar de ellos los abandona sin pudor. Manifestaciones, campañas y proyectos colectivos que nacen de la población migrante que sigue luchando por un futuro mejor y también de una población autóctona que no quiere seguir siendo cómplice de un sistema corrupto y deshumanizado. Podemos, por cercanía, destacar las sucesivas manifestaciones por una vivienda digna, impulsadas por Asnuci y por otros colectivos.

También conviene destacar la lucha constante por acabar con leyes racistas e instrumentalistas que empujan a la clandestinidad y a la explotación laboral. Y, por supuesto, el surgimiento de iniciativas colectivas privadas que buscan aportar su grano de arena a problemas que nos pretenden vender como inevitables pero que no son más que una mezcla de indiferencia, incompetencia, pasividad, egoísmo e incluso interés perverso por conservar un sector poblacional callado y siempre disponible para el trabajo más precario. Entre estas iniciativas hay que destacar el proyecto de ASNUCI para construir el Primer Albergue para Trabajadores Temporeros de la Provincia de Huelva, un albergue que pretende ser una iniciativa autosuficiente que permita el mantenimiento en el tiempo de las instalaciones con la aportación del trabajo participativo y de las cuotas de las propias usuarias, promoviendo la participación y el empoderamiento del propio colectivo. Para llevar a cabo dicho proyecto se requiere una inversión inicial de unos 96.000 euros, pero una vez concluidas las obras no requerirá de apoyo exterior. Para obtener esta inversión inicial necesaria desde la asociación se ha promovido una campaña de recogida de fondos a través de sus redes sociales y de medios de comunicación, lo que ha llevado que a día de hoy, y tras poco más de un mes de campaña, se disponga de más del 30% de la cuantía total necesaria gracias a la solidaridad y deseo de cambio de una parte de nuestra sociedad.

 

No, como ya hemos explicado más arriba, las personas migrantes no viven en chabolas o en la propia calle sobre cartón " para ahorrar y mandar el dinero a sus familias",  tampoco lo hacen porque "están acostumbrados desde sus países de origen". Y, por esta razón, mientras haya personas que han venido a nuestro país a trabajar y buscar un futuro mejor, y que sólo ven como sus proyectos de vida se enquistan y se marginan como residuales, mientras esta realidad no cambie: no paremos de desmontar mitos, hablemos y gritemos para que todos sepamos la realidad social que nos pilla muy cerca y señalemos sin pudor y con determinación las razones por las que las injusticias no solo se perpetúan sino que aumentan en este frágil e insolidario estado de bienestar. Y en esta labor de señalar, sigamos señalando soluciones, y ante la eterna inactividad e indiferencia, llevemos a cabo proyectos valientes y transformadores. BOZA!!

Alba Rudolph Mateos
Trabajadora y Educadora Social de Asnuci

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